La OCDE alerta: la IA avanza en los gobiernos más rápido que los mecanismos de control
Un informe de la OCDE muestra que 35 de 36 países relevados ya usan inteligencia artificial en al menos un área de gobierno. Sin embargo, los mecanismos de control, transparencia y medición de impacto avanzan mucho más lento. La Argentina, país candidato a ingresar al organismo, ya cuenta con una estrategia nacional de IA.
Casi todos los gobiernos de los países de la OCDE ya incorporaron la inteligencia artificial a su funcionamiento, pero los mecanismos para controlar su uso, garantizar la transparencia y medir su impacto avanzan mucho más despacio. Esa es una de las principales conclusiones del capítulo “Adopting and governing AI in government”, del Digital Government Outlook 2026, basado en la Encuesta sobre Gobierno Digital 3.0 y en el Índice de Gobierno Digital 2025 de la OCDE.
El relevamiento alcanza a 36 países de la OCDE con datos disponibles —Alemania y Estados Unidos no participaron en esa medición— y a seis países candidatos a la adhesión, entre ellos la Argentina.
La IA se utiliza en al menos un área de gobierno en 35 de los 36 países de la OCDE relevados, el 97%. La adopción es más fuerte en los procesos internos de la administración, que pasaron del 70% en 2023 al 86% en 2025, y en los servicios públicos, que treparon del 67% al 75%. En cambio, su uso es más acotado en el diseño de políticas públicas, con el 36%, y en la supervisión y rendición de cuentas, con el 33%, áreas con mayores exigencias de calidad de datos y control.
El informe marca una distancia clara entre las definiciones de alto nivel y su aplicación concreta. Casi todos los países cuentan con una estrategia de IA y 30 de 36, el 83%, tienen al menos una institución responsable de gobernar su uso. Pero los controles efectivos todavía son limitados: solo 14 de 36, el 39%, exigen evaluaciones de riesgo previas; 11 de 36, el 31%, realizan auditorías de los sistemas en uso; y apenas 6 de 36, el 17%, cuentan con un registro abierto de algoritmos.
Algo parecido ocurre con la medición de resultados: solo 10 de 36 países, el 28%, evalúan el impacto financiero o no financiero de la IA que aplican, aun cuando la mitad asegura que decide con base en evidencia de ahorros o eficiencia.
Entre los países candidatos a ingresar al organismo, la Argentina figura junto con Brasil entre los que ya cuentan con una estrategia nacional de IA. En materia de salvaguardas, el país se apoya principalmente en mecanismos blandos —como guías y principios— más que en regulaciones de cumplimiento obligatorio, y desarrolló su estrategia en diálogo con el sector empresarial, la academia y la comunidad GovTech.
El documento deja una señal clara: los gobiernos reconocen la importancia de una IA confiable, pero los mecanismos prácticos de transparencia, control y rendición de cuentas siguen poco desarrollados. Fortalecer esos instrumentos será clave para sostener la confianza pública y escalar el uso de la IA en el sector público de manera responsable.
