Los incidentes cibernéticos ya no representan únicamente un riesgo tecnológico para empresas y gobiernos, sino también una amenaza creciente para el desarrollo económico. En un artículo publicado en el blog del Banco Mundial, Enric Vall Garcia plantea que esta problemática golpea especialmente a los países de ingresos medios y bajos, donde la digitalización avanza mientras las capacidades de defensa siguen siendo más débiles. El texto cita ataques contra organismos públicos, infraestructura y empresas para mostrar cómo la expansión de estos eventos empieza a tener efectos económicos cada vez más visibles.

Uno de los datos más relevantes surge del estudio Economía de la ciberseguridad para los mercados emergentes, de la economista del Banco Mundial Estefanía Vergara Cobos. Según el trabajo, los incidentes cibernéticos revelados crecieron a un ritmo promedio del 21% anual a nivel mundial durante la última década, mientras que América Latina y el Caribe registraron una expansión todavía mayor: 25% anual desde 2014. Dentro de la región, Centroamérica aparece como una de las zonas más expuestas en términos de incidentes por cantidad de habitantes, y la administración pública figura como el sector más afectado en las economías emergentes.

El impacto podría trasladarse directamente al crecimiento. El análisis señala que un país en desarrollo que lograra reducir sus incidentes cibernéticos desde el cuartil superior hasta el inferior podría registrar un aumento del 1,5% en su PIB per cápita. Al mismo tiempo, persiste una marcada brecha de recursos: mientras India y México destinan alrededor de un dólar por habitante a ciberseguridad, Estados Unidos y Canadá gastan unos 30 dólares. Tomando a América Latina y el Caribe en conjunto, Estados Unidos invierte 16 veces más que toda la región.

El Banco Mundial sostiene además que el mercado privado por sí solo tiende a invertir menos de lo necesario debido a problemas de información, externalidades, riesgos difíciles de asegurar y baja competencia en los servicios de seguridad de las economías emergentes. Por eso plantea un rol más activo de los Estados, mediante regulación, intercambio de información sobre amenazas, protección de infraestructuras críticas, estándares comunes y desarrollo de capacidades. La conclusión del artículo es que la ciberseguridad debe dejar de considerarse un área meramente técnica para pasar a formar parte de las políticas económicas y de desarrollo, especialmente a medida que los países profundizan su dependencia de servicios e infraestructuras digitales.