Amnistía Internacional publicó el informe Estado de vigilancia: La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno de Argentina, una investigación sobre las herramientas incorporadas por el Estado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. El documento analiza tanto las tecnologías adquiridas como los cambios normativos e institucionales que, según la organización, ampliaron las capacidades estatales para recopilar y procesar información sobre las personas.

Según el relevamiento, entre 2024 y 2025 el Gobierno nacional adquirió tecnologías de vigilancia por al menos US$ 1,2 millones. Amnistía identificó herramientas destinadas al monitoreo de redes sociales y fuentes abiertas, sistemas de reconocimiento facial y equipamiento de vigilancia aérea. La investigación se apoyó en documentación de contrataciones públicas, pedidos de acceso a la información y entrevistas a 21 personas, entre ellas periodistas, activistas, jubilados, jóvenes y defensores de derechos humanos.

Una de las áreas señaladas es el uso de plataformas capaces de recopilar y analizar grandes volúmenes de información procedente de redes sociales, sitios web y otras fuentes y bases de datos. Estas tecnologías permiten automatizar tareas de búsqueda, clasificación y análisis de información. Amnistía advierte que su utilización sin salvaguardas suficientes puede afectar derechos como la privacidad y la libertad de expresión.

El reporte también documenta tecnologías de reconocimiento facial y tratamiento de datos biométricos, además de drones y equipamiento con funciones de seguimiento automatizado, cámaras térmicas y transmisión de imágenes en tiempo real. La organización presta especial atención al uso de estas capacidades en contextos de protesta y recoge testimonios sobre la presencia de drones durante manifestaciones de jubilados frente al Congreso Nacional.

Amnistía sostiene que la posibilidad de ser observado, identificado o monitoreado puede generar un efecto inhibidor sobre el ejercicio de derechos. Algunas de las personas entrevistadas afirmaron haber modificado sus comportamientos ante esa percepción, desde tomar mayores precauciones hasta limitar publicaciones en redes sociales o su participación en determinadas actividades públicas.

La organización también cuestiona los mecanismos de control existentes y sostiene que parte de la ampliación de las facultades estatales de vigilancia se produjo mediante decretos y resoluciones sin suficiente debate parlamentario. Frente a este escenario, reclama un marco regulatorio para la adquisición y utilización de tecnologías de vigilancia, mayores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y salvaguardas que impidan usos ilegales o discriminatorios.

Entre sus recomendaciones, Amnistía pide además prohibir determinadas formas de reconocimiento biométrico remoto utilizadas para vigilancia masiva o discriminatoria. El informe coloca así el foco sobre un debate que adquiere una nueva dimensión con la inteligencia artificial: el crecimiento de la capacidad tecnológica para identificar, seguir y analizar personas y la necesidad de establecer límites y garantías para su utilización. El documento completo puede consultarse en Informe “Estado de vigilancia” de Amnistía Internacional.