Nucleoeléctrica en la encrucijada: privatización, denuncias y alerta en el sector nuclear
En medio de los intentos del Gobierno por vender la empresa estatal estratégica y superavitaria que gestiona las centrales nucleares, dos directores debieron renunciar por licitaciones y contratos con sobreprecios. Agrupaciones del sector científico-tecnológico advierten por el desfinanciamiento, el abandono de proyectos y la expulsión de recursos humanos de gran valor.
En los últimos meses, auditorías internas en Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa nacional que gestiona el funcionamiento de las tres centrales nucleares del país, encontraron que la licitación de limpieza y mantenimiento de Atucha II tuvo un sobreprecio de 140% y el contrato de migración del sistema SAP pasó de 600.000 a 7 millones de dólares sin explicación. Estos escándalos llevaron a que dos directores de NASA (Marcelo Famá y Hernán Pantuso), vinculados con el presidente de la empresa, Demian Reidel, debieran renunciar.
Durante estos días también surgieron dudas sobre el patrimonio de Reidel, amigo personal del presidente Milei y jefe de su consejo de asesores, por una deuda personal con “alto riesgo de insolvencia”, según constaba en informes del sistema financiero. El funcionario debió dar explicaciones y dijo que pudo cancelar la deuda vendiendo su parte en una sociedad inmobiliaria.
En el plano político, Reidel –físico del Balseiro posteriormente dedicado a las finanzas– está enfrentado al asesor estrella del presidente, Santiago Caputo, y tampoco tiene buenas relaciones con la hermana del presidente. Solo habla en buenos términos con Javier Milei y tiene a su cargo un ambicioso plan nuclear del que se desconocen sus avances mientras el sector nuclear enfrenta una crisis de desfinanciamiento, parálisis de proyectos emblemáticos como el CAREM y fuga de cerebros.
Desde la Mesa Federal de Ciencia y Tecnología, una agrupación que reúne figuras de todo el ámbito científico, emitieron un comunicado pidiendo la renuncia de Reidel ante la acumulación de las denuncias de corrupción y la cantidad de despidos en la empresa estatal que conduce y que el Gobierno tienen en miras para privatizar.
El investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y secretario general de la sección Buenos Aires de la Asociación de Profesionales de la CNEA y la Actividad Nuclear (APCNEAN), y miembro de la Mesa, Andrés Kreiner, le dijo a TSS : “La situación del sector nuclear es dramática y está en línea con lo que están haciendo con todo el sistema científico-técnico. La CNEA está sumida en un proceso de asfixia salarial y presupuestaria. En los últimos dos años, en salarios se perdió un 60% frente al IPC actual. Y esto hace que mucha gente muy capacitada se vaya de la institución, otros sufrieron jubilaciones forzadas y la mayoría de los proyectos están desfinanciados”.
El Presupuesto Nacional 2026 presentado por el Gobierno plantea una reducción de la inversión en la CNEA del 65% al compararlo con el último prepuesto aprobado, de 2023. Esto se traduce en salarios más bajos pero también en el desfinanciamiento de proyectos. Y quienes más en riesgo se encuentran son los trabajadores con contratos precarios a plazo fijo. “En los últimos días nos enteramos de que los contratados ya no tienen contratos por un año, sino que son de tres meses hasta el 31 de marzo. Son alrededor de 350 personas que pierden previsibilidad sobre su trabajo y hay proyectos que no se sabe si tendrán gente para llevarlos a cabo. Estamos hablando de relaciones laborales de dependencia encubiertas ya que hacen trabajos equivalentes a los de la planta permanente. Es muy grave esta situación”, explicó Kreiner.
“En el último tiempo hubo declaraciones muy preocupantes sobre cuál debería ser el rol de CNEA, afirmando que solo se dedicaría a generar negocios. Sabemos que las actividades de investigación y desarrollo llevan tiempo para madurar y solo algunas pueden llegar a productos rentables en un sentido limitado mercantilista, pero todas son importantes por sus implicancias científicas, tecnológicas o sociales. Además, los proyectos que pueden ser rentables en el corto plazo también han sido desfinanciados. La nueva presidencia de la CNEA no ha respondido a los pedidos de reuniones pero hay rumores de que lo que buscan es una reducción de estructura y personal, empezando por cancelar a los contratados. Lo que han hecho en Dioxitek (la empresa estatal dedicada a la producción de dióxido de uranio, el combustible de las centrales nucleares) es despedir a 30 empleados sin causa, salvo uno, haciendo que todos nosotros paguemos indemnizaciones, y sustituyéndolos por otros «afines» con fichas de afiliación a UPCN firmadas. Un procedimiento que es impropio para una empresa pública”, dijo el investigador.
NASA tiene a su cargo la gestión de las tres centrales nucleares que funcionan en nuestro país: Atucha I y II, y Embalse. Esta empresa, que tiene superávit operativo, en los últimos dos años despidió a 300 trabajadores e hizo que los restantes perdieran un 30% del poder de compra en sus salarios. Durante los dos años de gestión de La Libertad Avanza NASA cambió cuatro veces de autoridades y organigrama, fue incluida en la Ley Bases como una de las empresas públicas a privatizar y están avanzados los pasos para vender el 44% de sus acciones. Se dice que el fondo que quiere comprarla quiere que sus empleados no sean 2700, como son hoy, sino 2000, por lo que se esperan más despidos.
“NASA siempre ha trabajado muy bien, de forma segura y continua, generando entre un 7% y un 9% de la energía del país, brindando electricidad al costo y generando ganancias, y ahora se la quiere privatizar. Se la quiere vender solamente para conseguir dólares para volcar al sistema financiero y seguir con la ficción del dólar barato. Están rematando bienes del Estado, algo que ya sufrimos en la década del 90. Se quiere rematar, posiblemente a precio vil, porque la tasación la podría hacer una empresa extranjera, que no es difícil pensar que podría estar ligada a los inversores que quieren comprarla. Sería meter el zorro en el gallinero. Además, según la Ley 23.696 de “Reforma del Estado” del Gobierno de Menem, que aún está vigente, si la empresa tiene sede principal en una provincia debe darse intervención a esa provincia en la privatización, y NASA tiene la mayoría de sus actividades en la Provincia de Buenos Aires, por lo que no se está respetando esa ley”, dijo Kreiner.
Privatizar NASA, cuyas acciones en manos del Estado están divididas entre la CNEA y el Ministerio de Economía, también podría hacer que las decisiones estratégicas sean tomadas por una empresa extranjera. “También tememos que esta privatización lleve a que se quiera abandonar la línea tecnológica que maneja la Argentina, de usar uranio natural y agua pesada, tal como quiso hacerlo Macri. Si un inversor extranjero, particularmente estadounidense, se hace de NASA, es muy posible que quieran imponer su tecnología e importar sus repuestos. Particularmente bajo este Gobierno, ya que también firmó un convenio con EE.UU. llamado FIRST, por sus siglas en inglés, para priorizar la tecnología de uranio enriquecido, algo que hoy no podemos hacer acá, y es impulsado por la empresa Westinghouse y otras estadounidenses. El plan del Gobierno para el área nuclear parece ser el de importar tecnología que nosotros no producimos en lugar de impulsar la tecnología propia, en detrimento de la industria nacional”, agregó el investigador de la CNEA.
En el mismo sentido, la APCNEAN expresó en un comunicado: “El mayor capital acumulado, además de sus enormes activos físicos, es el know-how del capital humano de NASA y del sector nuclear. Este conocimiento nos garantiza autosuficiencia tecnológica y seguridad energética en la línea tecnológica que la Argentina eligió hace 60 años: la línea de uranio natural y agua pesada”.
Matías Alonso
Agencia TSS - Universidad Nacional de San Martín
