Corea del Sur pone en vigor la primera ley integral de IA
El país asiático activó hoy la Ley Básica de IA, un marco obligatorio que regula la IA por niveles de riesgo, exige transparencia sobre contenidos sintéticos y combina regulación con una estrategia activa de desarrollo tecnológico.
Corea del Sur se convirtió en el primer país en poner plenamente en vigor un marco legal integral y obligatorio para la inteligencia artificial. La entrada en vigencia efectiva de la Ley Básica de IA marca un punto de inflexión en la gobernanza global de la tecnología, al adelantarse incluso a la aplicación completa del régimen europeo y establecer reglas claras para el desarrollo, uso y control de sistemas de IA.
“La Ley Básica de IA que entra plenamente en vigor hoy no es un freno, sino el cimiento de la confianza”, afirmó el presidente Lee Jae Myung, al subrayar la ambición de posicionar al país entre las tres grandes potencias mundiales de la inteligencia artificial, junto a Estados Unidos y China.
Uno de los ejes centrales de la ley es el control del contenido sintético y los deepfakes. A partir de hoy, toda imagen, video o audio generado por inteligencia artificial que pueda confundirse con material real debe estar claramente etiquetado como “contenido generado por IA”. El objetivo es reducir riesgos de desinformación, estafas y manipulación, especialmente en poblaciones vulnerables. El incumplimiento de esta obligación puede derivar en multas de hasta 30 millones de wones, equivalentes a unos 22.000 dólares.
La normativa introduce además un enfoque basado en niveles de riesgo. Los sistemas considerados de alto impacto —como aquellos que intervienen en decisiones sobre salud, seguridad pública, finanzas o servicios esenciales— quedan sujetos a controles más estrictos. Entre ellos, la obligación de realizar evaluaciones de riesgo previas al despliegue y, en el caso de empresas extranjeras, la designación de un representante legal local para garantizar la supervisión y la rendición de cuentas dentro del país.
A diferencia de marcos puramente restrictivos, la ley surcoreana combina regulación con una estrategia activa de desarrollo. El Estado deberá elaborar planes trienales para impulsar centros de datos, atraer talento internacional y financiar el entrenamiento de modelos con datos locales, con el objetivo de reducir la dependencia tecnológica externa y fortalecer la soberanía digital.
